La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua y urge al Estado a cesar de inmediato estos actos». La CIDH, tras haber recibido la información a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), en un comunicado urge a «la liberación inmediata del obispo Mons. Rolando Álvarez y de las personas detenidas», y pide se garantice su vida e integridad personal. La CIDH, informa además que el pasado 17 de agosto, el sacerdote Uriel Vallejos habría sido «forzado a exiliarse después de permanecer más de tres días bajo asedio policial en la casa Curial de Sébaco. El 14 de agosto, el sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco de la iglesia Espíritu Santo de Mulukukú, en el Caribe Norte, fue detenido arbitrariamente por agentes antimotines y; al día siguiente, el Ministerio Público habría solicitado ampliar el plazo de su detención por 90 días para realizar investigaciones. El 14 de agosto, los sacerdotes de los municipios de Rancho Grande y El Tuma fueron impedidos por agentes de la Policía, bajo amenazas, de trasladarse hacia la ciudad de Matagalpa para participar en celebraciones religiosas».
Tras detallar cada uno de los actos violentos que el gobierno ha sistemáticamente realizado contra la Iglesia de Nicaragua, la CIDH hace nuevamente un llamado al Estado de Nicaragua para que «cese los constantes ataques contra la Iglesia Católica. Asimismo, urge al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas que permanecen privadas de la libertad arbitrariamente y a cesar de inmediato la represión en el país».
ONU: ataque a la democracia y a la Iglesia en Nicaragua
El Secretario General de la ONU, António Guterres, tras conocer la noticia del allanamiento de la policía Nacional en la Curia Episcopal de Matagalpa, sacando con la fuerza a Mons. Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis y sus colaboradores, expresó su preocupación «por la grave obstrucción del espacio democrático y cívico en Nicaragua». Y agregó que esta operación en «el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa no hace más que agravar estas preocupaciones».
Tras esta y las “recientes acciones contra la Iglesia católica y organizaciones civiles” Guterres exigió al Gobierno la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria y reiteró su llamamiento al Ejecutivo de Daniel Ortega, se lee en el comunicado, para que garantice «la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión».
