La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa de Chile, diversas iglesias evangélicas y protestantes, junto con las comunidades judía y musulmana, coincidieron en afirmar que “la vida humana es sagrada e inviolable en todas sus etapas” y que cualquier intento por legalizar la eutanasia “vulnera derechos humanos esenciales”.
El pronunciamiento, firmado por líderes religiosos, entre ellos monseñor René Rebolledo, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, y el arzobispo ortodoxo Sergio Abad, remarca que los creyentes no se consideran dueños de la vida, sino custodios de “un don sagrado que debe ser protegido hasta su fin natural”.
El documento recuerda que la práctica de la eutanasia tiene antecedentes históricos, incluso desde el siglo de Pericles, en la antigua Grecia. Y recuerda la importancia del juramento hipocrático, vigente en muchas universidades, que establece: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo”.
Violación a la ley divina
Las confesiones religiosas expresaron la tradición médica que promueve la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, advirtiendo que una legislación a favor de la eutanasia supondría un quiebre en la ética profesional.
Desde la perspectiva cristiana, la declaración pone en relieve que la eutanasia es “un acto directo de quitar la vida”, constituyendo una transgresión grave a la ley divina. Citando el libro de Eclesiastés (8,8), recuerdan que “no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte”.
En el texto, se reafirma que el mandamiento bíblico “No matarás” (Éxodo 20,13) es absoluto y que la eutanasia representa “matar al prójimo”. La declaración también resalta que esta visión es compartida por otras religiones presentes en el país. La Torá y el Talmud, en la tradición judía, prohíben todo homicidio y reconocen la vida como un don sagrado. El Corán, por su parte, considera que quitar una vida es tan grave como destruir a toda la humanidad. “La vida es una confianza divina que solo Dios puede retirar”, señala el texto, y recalca que la eutanasia constituye una violación a este principio fundamental.
Cultura del descarte
El documento manifiesta la preocupación por las personas mayores y quienes padecen enfermedades graves o terminales. Según los firmantes, estos grupos son especialmente vulnerables a presiones sociales y económicas que generan la percepción de que “la vida deja de ser valiosa cuando deja de ser productiva”.
El texto advierte sobre la llamada “cultura del descarte”, que deshumaniza a los adultos mayores y debilita el sentido de solidaridad. En este contexto, alertan que la legalización de la eutanasia “reforzaría la idea de que las personas mayores y con enfermedades terminales son una carga”, lo que contradice el derecho de todos a recibir cuidados adecuados y morir con dignidad.
Además, se subraya que permitir la eutanasia afectaría los fines esenciales de la medicina, cuyo origen se remonta a la tradición grecorromana y que históricamente ha tenido como principio fundamental la protección de la vida.
Razón, fe y compasión
Los líderes religiosos también abordaron la dimensión ética y social de la decisión individual de solicitar la eutanasia. Aunque reconocen que una persona pueda desear poner fin a su sufrimiento, consideran que este acto tiene siempre repercusiones más amplias: “Una ley de eutanasia podría vulnerar los derechos de terceras personas y generar graves conflictos morales”. Por ello, sostienen que la sociedad debe ofrecer alternativas basadas en el acompañamiento y los cuidados paliativos, fortaleciendo la red de apoyo a los pacientes y sus familias.
En la parte final de la declaración, las confesiones religiosas exhortan al Parlamento chileno a rechazar cualquier proyecto de ley que legalice la eutanasia o el suicidio asistido. “Recordamos que la vida es un don sagrado que debe ser protegido hasta su fin natural”, expresaron, apelando a la “razón, la fe y la compasión” como guías para la decisión legislativa.
Asimismo, instaron a los legisladores a promover una ley integral de cuidados paliativos que garantice atención digna para las personas con enfermedades terminales, sin confundir estos tratamientos con la eutanasia. El texto hace referencia al Artículo 19, número 9, de la Constitución chilena, que establece que “el Estado garantiza la seguridad social y la salud, y la protección de la vida y la integridad física y moral de las personas”.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la conciencia de senadores y diputados para que legislen en favor de la vida.
