En el comunicado, advirtieron que “es indudable que la importancia y trascendencia de la reforma propuesta tendrá una incidencia en el servicio de justicia que se prolongará durante muchos años”.
“El respeto y salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales” que caracteriza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial establecido en la Constitución Nacional, “podría resultar gravemente afectada si se aumentaran sus miembros o, peor aún, se la dividiera inconstitucionalmente en salas”, indicaron..
En lo que respecta al nombramiento de los jueces, consideraron que “dilapidar este patrimonio republicano, bajo los graves indicios de que su finalidad primordial se relaciona con el trámite de causas de corrupción de funcionarios o ex funcionarios, como así con la búsqueda de la posibilidad de gobernar autocráticamente, mediante decretos de necesidad y urgencia o de leyes sancionadas con mayorías legislativas obtenidas merced a negociaciones políticas espurias o forzadas por la necesidad de subsidios económicos podría constituir un verdadero atentado contra el sistema democrático”.
