Como lo anunció el 1º de mayo, el Gobernador Rodolfo Suarez envió el proyecto de ley para reformar la Constitución provincial. El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, fue quien lo presentó en la Legislatura.
Segun explicaron desde el gobierno, “la iniciativa se sustenta en distintos ejes que apuntan a lograr una disminución sustancial del costo de la política, una mayor calidad institucional y mejores controles en el manejo del sector público”.
Entre las modificaciones se encuentra el revisar la composición del Legislativo, su estructura, la duración de los mandatos, la eliminación de elecciones intermedias, la representación de los municipios, la elección del gobernador o poner un límite razonable (70 años) al mandato de los jueces son todos elementos que hacen a una auténtica reforma política que busca optimizar el funcionamiento del Estado acercándolo a la ciudadanía.
Bajar el costo de la política, optimizando los recursos del Estado
Se busca transformar el Poder Legislativo en unicameral, asegurando así la representación territorial de todos los municipios y sin elecciones intermedias, al incorporar la representación poblacional y territorial con una composición que no podrá superar los 48 legisladores.
Actualmente, los departamentos de Malargüe, Rivadavia y Tupungato no tienen representación en la Cámara de Diputados, en tanto que Santa Rosa, Tunuyán y Junín no tienen senadores que los representen.
Mejores controles en el manejo del sector público
Se mantiene, casi en su totalidad, el esquema institucional pero adaptándolo a las nuevas demandas de la población, como el establecimiento de la no reelección del gobernador o la limitación del resto de los mandatos. También se establece como edad máxima para el ejercicio de la magistratura la de 70 años.
Se persigue la incorporación de nuevas herramientas de participación, tanto de forma directa como ampliando el universo de quienes acceden al sufragio. Para ello, entre otros temas, se reconoce el derecho al voto voluntario para los jóvenes de 16 años y a los miembros de la Policía.
Además, se apunta a la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en los aspectos institucional, político, administrativo, económico y financiero, adaptando así el texto provincial a la letra expresa de la Constitución Nacional.
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